- Le impusieron un año de cárcel y el pago de ¢20 millones
Redacción- El presidente de la junta directiva de la Asociación Solidarista de Empleados Administrativos de la Compañía Palma Tica, fue condenado por drenar un humedal para sembrar palma.
La Fiscalía Agrario Ambiental, con sede en Golfito, demostró la culpabilidad de Francis Rusbel Delgado Orozco como responsable de infringir la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
Rusbel fue sentenciado a un año de prisión, con el beneficio de ejecución condicional de la pena*, además se le ordenó el pago de ¢20 millones.
* Beneficio de ejecución condicional de la pena: Cuando la condena no sea de más de tres años de prisión, el juez o jueza del Tribunal de Juicio puede aplicar la ejecución condicional de la pena, tomando en cuenta diversos elementos, por ejemplo, que la persona no tenga condenas previas y se deben hacer análisis de personalidad del condenado, entre otros. El Tribunal debe imponer las condiciones que debe cumplir la persona sentenciada durante el período de ejecución.
Gracias al beneficio, el infractor no irá a prisión, pero durante un plazo de tres años, el imputado no podrá cometer ningún delito; de lo contrario, el hombre deberá descontar la pena en un centro penitenciario.
«Además, se ordenó que, en un plazo de seis meses, se ejecute una coordinación entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para que se establezca la forma más factible de cerrar los canales y que, en un lapso de dos años, las instituciones procedan con la eliminación de palmas aceiteras que fueron plantadas en el lugar, como recomendación del MINAE», informaron las autoridades.
Hechos
El caso sucedió en 2011, cuando Delgado giró la orden de drenar y secar un humedal palustrino (marismas, pantanos y ciénegas), que se encuentra entre el río Sierpe y la quebrada Solórzano, en una propiedad de la asociación.
La acción se realizó sin contar con los permisos que otorga el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Posteriormente, el imputado también ordenó que se construyeran siete canales, con el cual pretendía preparar el terreno para el cultivo de palma aceitera.
Al mes siguiente, funcionarios del MINAE hicieron una inspección en la finca, ubicando una plantación de palma aceitera, a pesar de que ese terreno pertenecía a un humedal. Con ello, la actuación del imputado provocó a un daño ambiental.
