Gonzalo Delgado y Álvaro Sáenz, líderes empresariales. Cortesía ICC/AMPrensa.com.
  • Sector privado afirma que acuerdo con los sindicatos traiciona confianza  del sector empresarial

Redacción.   Representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) le pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, la salida de Román Macaya como presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social.

«El jerarca se ha visto inmerso en líos desde febrero pasado, por lo que,  el presidente Carlos Alvarado debe evaluar su continuidad», manifestó el comunicado de prensa.

Además, le solicitaron que asuma  la responsabilidad política ante una serie de incongruencias que existen tras los acuerdos que se firmaron entre la Caja Costarricense de Seguro Social y un grupo de sindicatos.

La petición clara y contundente del sector privado es que se dé marcha atrás con el documento firmado, porque la ley en Costa Rica debe cumplirse.

Así lo hizo también el presidente de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), José Manuel Quirce.

«El daño no es irreparable, pero sí requiere de su atención inmediata y enérgica para corregirlo con la más alta prioridad, para dar señales inequívocas que desea mantener la confianza que todo el sector productivo del país depositó en Usted y su Gobierno», destacó en una carta enviada al mandatario.


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Los empresarios aseguran que otro  mal ejemplo del acuerdo es el que se relaciona con los procedimientos administrativos en proceso.

Uccaep conoce de la denuncia penal interpuesta por un trabajador del Hospital de Puntarenas a quien privaron de su libertad al negarse a participar de la huelga.

Este tipo de actuaciones repudiables, deben ser analizadas de oficio por el Ministro de Trabajo al amparo del artículo 350 del Código de Trabajo, donde se establecen causales para la disolución de los sindicatos.

Además, es claro que el verdadero peligro para el sistema de seguridad social son los propios sindicatos de salud, quienes están dispuestos a sacrificar a los afiliados con tal de conseguir privilegios fuera de la ley y esto no debe ser respaldado por el Poder Ejecutivo.

Para Delgado, el Gobierno es incongruente porque se le exigió sacrificio a los costarricenses y ahora se compensa a los sindicatos.