Fiscalía investigaría al presidente Solís y a tres de sus ministros

  • Investigación por el delito de prevaricato fue solicitada por el diputado Gerardo Vargas Rojas ante el Ministerio Público.

San José, CR – El Presidente de la República Luis Guillermo Solís, los ministros de la Presidencia, Hacienda y Planificación, habrían cometido el delito de prevaricato durante la intervención a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), según lo denuncia el diputado del PUSC, Gerardo Vargas Rojas.

El legislador socialcristiano presentó un documento ante la Fiscalía General de la República, donde explica una serie de hechos aparentemente irregulares en los que habría incurrido el Poder Ejecutivo durante la intervención.

Al parecer, el presidente Solís y sus ministros, incumplieron con una serie de requisitos estipulados en la Constitución Política, la Ley General de Administración Pública y en reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional y la Procuraduría.

Con estas justificaciones, el diputado solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra cuatro decretos ejecutivos firmados por el mandatario y los demás jerarcas, pues podrían expresar una conducta constitutiva del delito de prevaricato, el cual se le atribuye a aquellos funcionarios que dictan resoluciones contrarias a la ley y que se castiga con una pena de dos a seis años de prisión.

Los cuatro decretos que el diputado Vargas Rojas cuestiona son:

  1. El Decreto Ejecutivo 38575, con el cual se crea una “Junta Interventora temporal no sustitutiva”de JUDESUR. Según el diputado, esta figura no existe en el ordenamiento jurídico de nuestro país.
  2. Decreto Ejecutivo 38650 donde se dicta la intervención de la entidad, “sin que la figura de intervención de un ente autónomo exista en el ordenamiento legal”.
  3. El Decreto Ejecutivo 38651. El Poder Ejecutivo mediante este decreto suspendió a la Junta Directiva titular de JUDESUR de manera temporal, sin que la figura de suspensión exista en el marco legal.
  4. Decreto Ejecutivo 38949, con el cual se amplía el proceso de intervención de Judesur. Con este decreto, se extiende la figura de intervención que no existe en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

Los efectos que generaría la posible comisión de este delito, serían las pérdidas de más de 4 mil millones de colones en demandas judiciales ya en proceso, pues la Junta Interventora no ha sido legitimada. Por lo tanto, Judesur podría perder las querellas.

Gerardo Vargas Rojas afirmó igualmente que de no existir la figura de junta de intervención, todas las acciones de esta podrían resultar nulas.

El legislador presentó la documentación esta mañana ante la Fiscalía, para la apertura de la investigación pertinente.

http://https://www.youtube.com/watch?v=W3sSandps_k

Colaboró con esta información: Ronny López.

 

 

 

 

 

 

 


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