San José, CR – La Contraloría General de la República desmintió al Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro sobre el posible aval del ente contralor a los decretos ejecutivos que establecían la intervención a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur).

El Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro afirmó hace unos días que el margen de legalidad utilizado para la intervención a Judesur había sido avalado por la Contraloría, la cual había emitido un criterio al respecto. Las declaraciones del jerarca surgieron a raíz de los cuestionamientos que el diputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas presentó ante la Fiscalía sobre una posible comisión del delito de prevaricato por parte del Presidente Solís y tres de sus ministros durante la intervención de la institución. Además, mediante un comunicado de prensa enviado por la periodista Jenny Francis de Casa Presidencial, se reiteró que el actuar del Ejecutivo fue dictaminado por la Contraloría e incluso la Sala Constitucional.

El Ministro afirmó,

 

POSICIÓN DE LA CONTRALORÍA

Por su parte, la Contraloría envió un oficio con fecha 16 de junio de 2015 (CGR/DJ-1098-2015) al Diputado Vargas Rojas, del cual amprensa.com tiene copia, donde asegura que el ente contralor no ingresó el examen de validez de los decretos ejecutivos que dispusieron la intervención ni sobre el nombramiento en sí mismo de la Junta Interventora.

«Tampoco se abordó el análisis del origen o funcionamiento de dicha Junta, de modo que nuestra respuesta no se debe entender como un aval de la situación presentada», se afirma en el documento, el cual es firmado por María Fallas y Paula Sierra, de la División Jurídica de la Contraloría.

amprensa.com conversó personalmente con Rosa María Fallas, quien es Gerente Asociada de la División Jurídica del ente contralor.

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«Nosotros en ningún momento nos pronunciamos sobre la validez de los decretos y sobre la forma en que se ha dado el nombramiento de la Junta Interventora, sino simplemente el hecho de que conforme al estado actual de los decretos, nos pronunciamos cómo debían utilizarse los fondos públicos por parte de la junta interventora», declaró Fallas.

Asimismo, Fallas afirma que a la Contraloría General de la República no le corresponde analizar la legalidad de los decretos ejecutivos en el oficio consultivo del diputado Vargas Rojas.

Por otra parte, la funcionaria insistió en que el ente contralor no se pronunció sobre la validez de los decretos, por lo que contradice la versión del Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro.

Colaboró con esta información: Ronny López González.