Por un lado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes señala la ilegalidad de la operación del servicio de trasporte privado mediante Uber, por el otro su jerarca máximo Carlos Segnini indicó que no podrán demandar a la empresa.
Esto despierta indignación en grupos opositores a Uber, como lo son los taxistas y contrariedad en lo que dice el Gobierno y en lo que puede hacer, pues la empresa ha operado por dos semanas en nuestro país, sin mayores contratiempos.
Quienes sí están expuestos a sanciones son los conductores de Uber, pues se le realiza partes a su licencia en caso de ser sorprendidos dando el servicio. No obstante, los carros no serán rotulado ni identificados por lo que la acciones de la Policía de Tránsito se ha convertido en el juego del gato y el ratón, solo que este ratón está ciego.
Mario Zárate, Director Ejecutivo del Consejo de Trasporte Público, indicó que este criterio jurídico viene a reconfirmar lo que la administración ha venido sosteniendo desde un inicio en el sentido de que el titular único del servicio de transporte público remunerado de personas es el Estado Costarricense; en consecuencia, no es posible brindar servicio público de transporte remunerado de personas si no se cuenta con autorización del CTP, lo cual Uber no tiene, ni le preocupa obtener.
