• Funcionarios son investigados por intervención a Judesur, siendo una institución autónoma.

San José- El mandatario Luis Guillermo Solís, la ministra de Planificación Olga Marta Sánchez  y el jerarca del Ministerio de Hacienda,  Elio Fallas, enfrentan una investigación penal de parte de la Fiscalía por el delito de prevaricato.

De acuerdo con el código penal, el delito de  prevaricato se da cuando un funcionario(a) dicta o ejecuta resoluciones contrarias a la ley y se castiga con pena  de  dos  hasta seis años de prisión.

“(…) La causa, 15-0000-28-033-PE, se encuentra en investigación, en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas”, detalló la oficina de comunicación del Ministerio Público.

La actuación bajo investigación se habría dado cuando el presidente y sus ministros emitieron cuatro decretos ejecutivos para intervenir Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur).

Antecedentes: El pasado 27 de agosto, el legislador Vargas Rojas -del Partido Unidad Social Cristiana- remitió documentación para que se analizará el accionar del Poder Ejecutivo, el cual habría generado pérdidas a Judesur por más de 4 mil millones de colones.

 

Los cuatro decretos que el diputado Vargas Rojas cuestiona son:

  1. El Decreto Ejecutivo 38575, con el cual se crea una “Junta Interventora temporal no sustitutiva”de JUDESUR. Según el diputado, esta figura no existe en el ordenamiento jurídico de nuestro país.
  2. Decreto Ejecutivo 38650 donde se dicta la intervención de la entidad, “sin que la figura de intervención de un ente autónomo exista en el ordenamiento legal”.
  3. El Decreto Ejecutivo 38651. El Poder Ejecutivo mediante este decreto suspendió a la Junta Directiva titular de JUDESUR de manera temporal, sin que la figura de suspensión exista en el marco legal.
  4. Decreto Ejecutivo 38949, con el cual se amplía el proceso de intervención de Judesur. Con este decreto, se extiende la figura de intervención que no existe en el ordenamiento jurídico de nuestro país

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