Turrialba – La Sala Constitucional  resolvió a favor del diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, un recurso de amparo en el que solicitaba obligar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) así como a la Municipalidad de Turrialba a arreglar el puente  de La Flor y el camino que va hacia La Orieta, en el distrito de Santa Teresita.

La Sala Constitucional ordenó a la alcaldesa turrialbeña, Maria Elena Montoya, a disponer lo necesario, dentro del marco de sus competencias para que dentro de un plazo de doce meses realice las obras de reparación de camino y del puente, así como la construcción de aceras públicas. También al MOPT al pago de las costas.

De no cumplir con lo ordenado con la resolución, los involucrados podrán ser condenados de  tres meses a dos años de prisión, o de veinte a sesenta días multa.

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Dicho ayuntamiento tiene dos meses de comprometerse con este medio a colocar las barandas del puente pero no lo realizó por presuntos problemas en la licitación.

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