En referencia a la nota titulada «Jueza termina llorando en medio allanamiento y  suspende operativo», que publicó la página web AMPrensa este viernes 4 de diciembre del 2015, y dada la afectación a mi persona, me veo en la obligación de detallar a continuación la realidad de las circunstancias acontecidas, las cuales se relacionan con la causa penal 15-000085-0618-PE, que incluyó la realización de cuatro allanamientos en distintos lugares de la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá durante la mañana del 4 de diciembre.

1. La suspensión de la práctica de uno de los allanamientos no obedeció, como se describe en la noticia difundida, a una afectación emocional de esta servidora, por el contrario, fue una decisión que se tomó de forma conjunta con el Ministerio Público y Policía de Control Fiscal.

2. Sólo se suspendió uno de los cuatro allanamientos realizados, no se canceló toda la operación como se consigna. Los otros tres procedimientos se llevaron a cabo.

3. Los cuerpos policiales se retiraron, repito, por una decisión emitida valorando las circunstancias, a solicitud del Ministerio Público, no ante la situación de la jueza, como se insiste en la nota de Prensa.

4. La razón de la suspensión del último allanamiento fue la amenaza a la integridad física de quienes participamos en el operativo por parte de un grupo de personas con ánimos exacerbados, que gritaban, insultaban y amenazaban con agredirnos. Esa situación se produjo ante la total indefensión nuestra, toda vez que la Policía de Panamá les solicita retirar las armas de reglamento a los oficiales de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, aduciendo que estábamos en territorio panameño, pese a que se les explicó que con base al Instituto Geográfico Nacional, departamento de Geodesia y Topografía, el procedimiento de dio de lado costarricense. Esta situación nos dejó en completa indefensión a quienes participamos del operativo.

Parte de mis funciones y responsabilidades como Jueza, radica precisamente en tutelar la integridad física de todas las personas participantes de las diligencias, para lo cual debe hacerse un balance de proporcionalidad entre la necesidad de practicar la diligencia versus la seguridad de las personas actuantes y la seguridad común; funciones y responsabilidades que conozco a la perfección, dado que tengo una trayectoria de más de doce años en el Poder Judicial, cinco de los cuales me he desempeñado como profesional.

Dayanna Segura

Jueza Penal de Corredores

Cédula. 112090667