San José – La excarcelación de reos no viene desde noviembre del año anterior, sino desde el inicio de la administración de Luis Guillermo Solís, pues desde el 2014 se han excarcelado 5 995 reos.
Estos privados de libertad, que ya habían sido condenados, fueron movidos al régimen semi-institucional desde el 9 de mayo de 2014, justo un día después de que Solís asumiera su puesto.
De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, 2924 reos fueron condenados por robo agravado, mientras que 296 por violación y abuso sexual de menores de edad.
De igual forma, entre los privados que gozan del beneficio, 270 fueron condenados por homicidio, ya sea simple o calificado. Incluso, uno de esos cometió dos homicidios y recibió la excarcelación el 8 de julio de 2014 proveniente del centro penitenciario de San Carlos.
Además, se encuentran 1732 reos que fueron condenados por diversos delitos relacionados con drogas como posesión y tráfico. De ellos, 99 fueron encarcelados por tráfico internacional de drogas pero excarcelados en estos dos años de administración.
Existen otros condenados por secuestro, extorsión, estafa, conducción temeraria, entre otros, que recibieron el beneficio.
El presidente Luis Guillermo Solís, incluso, señaló este martes que seguirá apoyando la excarcelación de privados de libertad, a pesar de que el fin de semana anterior un reo habría violado a una mujer que siete días antes dio a luz.
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Para Jorge Rojas, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es completamente inconcebible la medida que emitió el Ministerio de Justicia y afirmó lamentar que el gobierno lance este problema a la sociedad.
«Me parece inconcebible, exagerado, sin ningún criterio técnico más que la necesidad de dejarlos en libertad por falta de espacios. Lo lógico es hacer espacios carcelarios, estoy de acuerdo con los derechos humanos, pero esto no significa que los pongamos en libertad como si fuera la gran solución como lo hace el ministerio de Justicia», expresó Rojas.
Afirmó que se le hace mal a un país que lucha por su seguridad.
Por su parte, el diputado Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción del PUSC, señaló que se entiende que haya un problema de recursos pero que el gobierno comete un grave error.
«Me parece un grave error del gobierno de la República. No ha querido el gobierno entrarle a la solución verdadera del problema penitenciario. El gobierno está evadiendo la responsabilidad de manejar el sistema penintenciario y de garantizarle la seguridad a los ciudadanos, es un excesos injustificable e irracional», dijo Vargas Rojas.
Mariano Barrantes, director general de Adaptación Social, señaló que se siguieron los procesos legales para excarcelar a esa cifra de reos.
«Los traslados de privados de libertad al régimen semiinstitucional responden a procesos reglamentarios. Este sistema funciona desde 1970 y, en los últimos siete años –esto es, durante las administraciones Chinchilla Miranda y Solís Rivera- han sido reubicadas al régimen semiinstitucional más de 12.000 personas que han cumplido con los requisitos para descontar su condena en un programa semiabierto», expresó Barrantes.
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