El decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, para subsidiar la venta de asfalto, gas y búnker a 90 empresas privadas, según lista revelada por Recope, deja al descubierto a los costarricenses.

¿Por qué? Es el pueblo el que asumió, sin consulta previa y bajo la potestad de imperio que ejerce el Estado, ese subsidio que comenzó a operar en enero pasado, a través de un cobro adicional de ¢9 por cada litro de gasolina o diésel que usted compra.

Es decir, esos ¢9 pasan a las arcas del Estado para rellenar el hueco en las finanzas que deja el subsidio que aplica Recope por orden del mandatario Solís.

Justo o no para los costarricenses, esa es la realidad.

Las estimaciones de la otrora refinadora estatal señalan que, mensualmente, el auxilio económico para esas 90 empresas privadas superan la exorbitante cifra de los ¢2.554 millones.

Todo ese dinero se reduce del valor del asfalto, el gas y el búnker que compañías constructoras, alimenticias, industriales, de transportes y hasta personas físicas compran de forma directa al Estado.

En enero, cuando estaba por firmarse el decreto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) advirtió al Gobierno sobre los alcances de dicho mandato; sin embargo, no fueron atendidos.

La propia Aresep no considera justo que esa carga económica la asuma el pueblo, pero lamentablemente su preocupación no fue escuchada.

El silencio del presidente Solís en torno a este polémico tema confunde. En dos ocasiones, ha evadido las consultas de los reporteros de AM Prensa, Esteban Vargas y Ronny López, quienes solo buscan una respuesta al por qué los ticos deben pagar de más.

Hoy, son cuatro millones de costarricenses los que asumen, en gran medida, los gastos operativos y de producción de empresas hasta trasnacionales, de capital extranjero, que no necesitan beneficio algunos de quienes habitan estos 51.100 kilómetros cuadrados llamados Costa Rica.

Una histórica votación llevó a Luis Guillermo Solís a la presidencia. Solo pedimos que también tome medidas históricas a favor de un pueblo y no solo de algunos intereses.

Derogue ese decreto lo antes posible para no empobrecer más al país.

 

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