San José – La Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas (Uccaep) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la nueva convención colectiva firmada entre el gobierno y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Según los empresarios, la nueva reglamentación sigue teniendo abusos y desproporcionalidades, por ello, acudieron a los magistrados de la Sala Constitucional.
La razón se basa en que los beneficios de los empleados de Recope serán igualmente cargados al presupuesto institucional, «lo que genera un uso abusivo e indebido de los fondos públicos, generando una afectación al país y los consumidores».
Los artículos impugnados otorgan beneficios como permisos con goce de salario a funcionarios para que se ausenten de sus labores y reciban charlas y seminarios en el exterior.
“Esto es abusivo y tiene que frenarse de inmediato. ¿Dónde están las medidas de austeridad y los ajustes que necesita este país?, ¿Cuál es el impacto que producen estos beneficios en términos de mayor eficiencia y eficacia en los servicios que brindan estos colaboradores y la institución? ¿Por qué los costarricenses debemos pagar estos beneficios irracionales de unos pocos?; sin duda, estos privilegios son innecesarios y se deben detener”, aseguró Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep.
Para Pacheco, el recorte inicial que se le realizó a esta Convención Colectiva fue insignificante, pues cerca del 95% de los privilegios incluidos en ella quedaron intactos, lo que representa apenas una reducción del 5% de los ¢25 mil millones de colones que costará la Convención.
