San José – ¿Es usted una de las personas que se ha molestado porque lo llaman a ofrecer un préstamo que nunca solicitó? ¿Sabía que puede denunciar?
El mal uso de datos personales resguardados en bases de datos se considera acoso telefónico y en los últimos tres años, solo 140 costarricenses han puesto una denuncia por ellos, según el Instituto de Normas Técnicas (INTECO).
Precisamente, esa entidad estableció una norma que define los requisitos con los que deben contar las organizaciones para garantizar la protección de la información (incluida los datos personales), esto en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, este 28 de enero.
Aunque la norma va dirigida a la eficacia de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, puede ser utilizada a su vez como instrumento de evaluación por parte de consumidores y colaboradores interno, específicamente, para asegurarse de un manejo adecuado de las organizaciones que manejan sus datos personales dentro de sus activos.
«Se convierte en una herramienta estratégica para ser más competitivos, tanto dentro como fuera del país. La norma requiere que se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. Esto se traduce en confianza para sus clientes, colaboradores y proveedores», dijo Alexandra Rodríguez, de Inteco.
En Costa Rica existe la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), que se encarga de hacer cumplir la legislación vigente en nuestro país. De acuerdo a información suministrada por esta entidad, desde 2014 se han recibido 141 denuncias, de las cuales 29 se han declarado a favor del denunciante, 9 están esperando resolución final y 8 se encuentra en trámite. Solo el año anterior, Prodhab recibió 62 quejas.
Los delitos más denunciados son incumplimiento al derecho de supresión, actualización o rectificación de datos recopilados, acoso telefónico y transferencia de datos sin previo consentimiento. Quienes incurren en estas faltas pueden enfrenar sanciones que van desde una multa económica de 1 a 30 salarios base, el cierre de la base de datos e incluso generar intereses por concepto de no pago.
