San José- Los diputados aprobaron este jueves el proyecto necesario para evitar que el país, aparezca en la lista de la organización mundial llamada Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este proyecto era necesario, pues si en cinco días el país no aprobaba dicha legislación, corría el riesgo de ser reconocido como uno de los países que facilita acciones para financiar el terrorismo.

El nuevo estatuto establece una serie de controles al ingreso de capitales y otra serie de manejos a nivel financiero para transparentar el uso de fondos y que los mismos, no estén ligados a actividades delictivas.

«Cuando ponemos transparencia en las normas tanto administrativas como económicas de nuestros profesionales liberales y de algunas actividades,  le damos certeza al mundo de que Costa Rica no va a ser cómplice ni va hacer un paraíso tanto fiscal ni financiero», explicó el diputado Ronny Monge.

Con este mecanismo, se reforman los artículos 15, 15 bis, 16, 81 así como la creación del artículo 16 bis de la Ley sobre Estupefacientes, legitimación de capitales así como financiamiento al terrorismo.

«En el caso particular del terrorismo, de las drogas de los narcotraficantes, del lavado de dinero y de un montón de cosas que se están dando, se debe de actuar con mano dura para poder erradicar de una vez por todo este flagelo que corrompe nuestra sociedad. Si nosotros no aprobamos este proyecto podríamos caer en lo mismo de los  países alineados con el terrorismo y las secuelas de lo que ellos hacen afectan al mundo y por supuesto a nuestro país», explicó Olivier Jiménez.

La iniciativa legislativa incluye la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero y establece una serie de sanciones necesarias para que las autoridades supervisoras cuenten con sanciones.

«Los estándares internacionales nos exigen emitir legislación y controles para prevenir estos delitos y a la vez potenciar las habilidades de las personas que desarrollan este tipo de actividades para que puedan aplicar medidas preventivas y puedan identificar estos delitos» concluyó Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).