San José – Tras varias semanas de análisis, la Procuraduría General de la República declaró ilegal el pago de 30 millones de colones para la viceministra Ana Gabriel Zúñiga por concepto de un incentivo salarial por prohibición.
Zúñiga es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y según la ley, el derecho es una profesión liberal por lo que debía recibir el pago por prohibición; sin embargo, el abogado del Estado recordó que para ser abogado hay que estar incorporado al Colegio de Abogados.
«Los funcionarios que sean egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho no pueden ejercer liberalmente la abogacía, pues para ello es necesario que hayan obtenido el grado académico de licenciatura, y que sean miembros activos del Colegio de Abogados de Costa Rica», manifestó Julio César Mesén, procurador de Hacienda.
Ante esto, Zúñiga no podía recibir el incentivo en virtud de que no estaba incorporada, por lo que el sobrepago fue ilegal.
«Por lo anterior, los funcionarios que sean egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho y que ocupen alguno de los cargos a los que se refiere el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, no tienen derecho a recibir la compensación económica contemplada en el artículo 15 de esa ley», señaló Mesén.
Zúñiga pidió la suspensión del pago del incentivo hasta que la Procuraduría se pronunciara. Este miércoles por la noche, Casa Presidencial informó que el departamento jurídico analiza la resolución para emitir un criterio.
Diputados, luego de que la viceministra compareciera, pidieron al gobierno destituir a la jerarca.
