San José – A pesar de la situación fiscal que vive el país, los diputados aprobaron esta semana un proyecto de ley para trasladar educadores jubilados del régimen de pensiones IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al del Magisterio, lo cual generaría pérdidas de hasta 30 mil millones de colones en las finanzas del Estado.
El proyecto trata de una reforma los artículos 4 y 31 de la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, N° 7531 del 10 de julio de 1995, referidos al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y al Régimen Transitorio de Reparto (RTR) respectivamente.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el impacto para el fisco sería de hasta ₡11.000 millones anuales, con un escenario mínimo de 1847 personas, y de hasta ₡30.000 millones anuales, con un escenario máximo de 6010 personas beneficiarias.
En la actualidad, solo el 10% del costo de las pensiones con cargo al presupuesto nacional se realiza a partir de contribuciones y el otro 90% se debe financiar con recursos del Presupuesto Nacional, es decir impuestos o deuda, por lo que la decisión de aprobar este proyecto, presionaría más las finanzas durante los próximos años.
«Nos sorprende la decisión tomada, contraria a la dirección de las reformas a los regímenes de pensiones con cargo el presupuesto que se aprobaron al año anterior. Hacemos nuevamente un llamado a los diputados para avanzar en la aprobación de los proyectos de ley que favorecen las finanzas del Estado y a rechazar aquellos que repercuten negativamente en la situación fiscal actual y futura”, manifestó Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.
La entidad fue clara en que para poder hacerle frente a esta situación se tendría que aumentar el déficit del gobierno central, financiado con deuda, y también trasladar a los distintos cotizantes de los regímenes de pensiones el peso de esta decisión.
