(Opinión) Aresep y Sutel = Clavos de oro para pocos…de hierro para muchos

Perdieron juicio por 21 millones de dólares

Por Olman Bonilla

Consultor en Transportes


 

El Regulador y la Sutel pierden juicio por $21,5 millones contra la empresa Credit Card proveedora de servicios de telecomunicaciones.

La Sala Primera emitió un voto que le da la razón a la empresa y le ordena a la Sutel el pago de los daños materiales y perjuicios provocados. Además, la sentencia deja abierta la fecha y la suma aumentaría cada día que pase. Esto se dio en marzo del año pasado por conflicto originado en el año 2009.

Una vez confirmada la ejecución de sentencia, los que realmente terminan pagando las consecuencias, son los consumidores con aumentos de tarifas para cubrir los groseros errores cometidos por los funcionarios y sus torpes interpretaciones.

Una situación similar ocurre a nivel de la regulación del Transporte Público, en donde desde hace alrededor de cuatro años empezaron a perder juicios contenciosos millonarios, que tuvieron un efecto dominó, con ello, los Tribunales continúan confirmando las sentencias contra las ilegales resoluciones emitidas por los jerarcas de la regulación de precios y tarifas.

De acuerdo a la Contraloría General, en los años 2012 y 2013 la Institución pagó 443 millones de colones por indemnizaciones a los autobuseros, además se encuentran las sentencias en firme y en trámite de los años 2014, 2015 y 2016, que según lo que se conoce en el medio son muchas las demandas por cifras multimillonarias establecidas, unas confirmadas por los Tribunales, otras en proceso y varias en ejecución de sentencia.

Cifras extra oficiales estiman las sentencias condenatorias por daños y perjuicios (intereses sobre el monto principal) provocados por las resoluciones de Aresep, en más de 8.000 millones de colones.

La regulación cuyo objetivo es corregir los defectos del mercado, termina siendo en este caso de la Aresep y sus hijas las Intendencias, un fuerte COSTO ADICIONAL en la estructura de precios, y una fuente de ingresos para los operadores que presentan demandas ordinarias en vía Contenciosa contra las resoluciones del Regulador y los jerarcas de la Aresep.

En estos días, por aplicación de la nueva metodología tarifaria en autobuses, estaríamos en presencia de una nueva cadena de demandas ordinarias en vía contenciosa, ya que todos los indicios técnicos y jurídicos apuntan a que el Intendente emite frágiles resoluciones, con pruebas incluidas para las empresas de nuevo les ganen los millonarios juicios.

Como hemos insistido. Al final de cuentas, la factura la pagan los consumidores.

Bajo este desolador panorama nos preguntamos:

¿En dónde queda la responsabilidad de los funcionarios que tomaron las decisiones contrarias al ordenamiento jurídico?

¿Cuál y ante quién ejecutan estos señores la debida rendición de cuentas por los actos ejecutados?

¿Tiene sentido que en la Contraloría únicamente les indiquen a los jerarcas de la Junta Directiva de Aresep, que deben tomar las previsiones presupuestarias para pagar las indemnizaciones?

¿Es justo que las tarifas de los servicios públicos las encarezcan por inconsistentes decisiones tomadas por técnicos especialistas que luego son anuladas por los Tribunales respectivos?

Entendemos que son funcionarios y jerarcas contratados con altos salarios, dada la especificidad de la materia técnica y lo delicado de las decisiones en favor de unos u otros.

Entonces la responsabilidad de sus actos debe ser acorde al contrato laboral suscrito y no sujetarse a la aprobación de un mayor presupuesto para pagar los daños y perjuicios provocados.

Ya es suficiente que los consumidores tengan que pagar los aumentos por la variación de precios del mercado, para además tener que pagar los sobreprecios por las malas decisiones tomadas por quienes fueron contratados para establecer el equilibrio de los mismos.

Vemos como en considerables ocasiones los bolsillos de muchos se reducen y los de otros se robustecen. Es precisamente aquí en donde se hace necesaria la intervención y la regulación inmediata para frenar tales desequilibrios.


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1 Comment

  1. ¿Y por qué no son los propios funcionarios quienes paguen de sus bolsillos sus propios errores y torpes interpretaciones?

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