Redacción – En los primeros ocho meses del año se han registrado 2 125 conductores que fueron sometidos aprueba de espiración de aire, por parte de la Policía de Tránsito y reflejaron contenido de alcohol en su organismo.
Por lo tanto, un total de 1438 conductores fueron remitidos al Ministerio Público por conducir bajo los efectos del alcohol, otros 145 recibieron una sanción económica y 542 reportaron un nivel de alcohol que no ameritó una multa.
Para el Director de la Policía de Tránsito, Mario Calderón, estas cifras son de un gran valor, por un lado, demuestran el trabajo constante en carretera, para detectar conductas peligrosas, como el alcohol al volante, pues, en promedio, implica detectar cerca de nueve conductores por día, bajo esta condición.
Por otro lado, los casos detectados representan el 11.6% del total de multas hechas, de ahí que podría interpretarse que 9 de cada 10 conductores sometidos a la prueba, no habían consumido alcohol, lo cual es muy positivo.
Durante esos ocho meses, 18 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito vinculados al alcohol al volante.
Sanciones Los conductores remitidos al Ministerio Público deben someterse a un proceso penal por conducir en estado de ebriedad.
Las sanciones deben ser definidas en esa instancia judicial. Las 145 personas que recibieron una multa económica por conducir bajo los efectos del alcohol tendrán que pagar la multa de ¢306.850,21 y tendrán que someterse a un curso de sensibilización y reeducación vial, tras acumular 6 puntos en la licencia, y ganarlo con, al menos, un 80 de calificación, si desean renovar la licencia.
Si alguna de las personas sancionadas administrativamente (con una multa económica), tiene licencia expedida por tres años, como ocurre con los conductores que obtuvieron la licencia por primera vez, esos 6 puntos acumulados son los máximos que pueden sumar, por tanto, pierden su derecho a conducir de inmediato.
Cuando la presencia de alcohol en el organismo en muy baja, no se sanciona al conductor, como ocurrió entre enero y agosto con 542 conductores (ver tabla de parámetros para definir las sanciones).
El pasado mes de abril, la Policía de Tránsito puso en servicio 6 microbuses nuevas para trasladar personas que sean sorprendidos violando la Ley de Tránsito con conductas penales.
En total, se dispone de 31 vehículos de este tipo. Las unidades para el traslado de infractores penales a la Ley de Tránsito (participación en piques, viajar a más de 150 km/h o conducir en estado de ebriedad) tuvieron un costo de ¢158,3 millones, es decir, con un costo unitario de ¢26.3 millones, aproximadamente.
