Redacción- Una iniciativa para reformar la Ley General de Migración; específicamente, las categorías migratorias y los costos de regularización, es el planteamiento que el Ministerio de Gobernación expuso este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Aunque no hubo quórum, se realizó una sesión de trabajo, presidida por la diputada Maureen Clarke, con la presencia de las legisladoras Epsy Campbell y Marcela Guerrero.
La Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada, explicó la importancia de realizar una reforma integral a una ley que, siete años después ha mostrado fortalezas, pero también debilidades, no solo en cuanto a la atención de flujos migratorios sino también y, especialmente, en los costos de los procesos de regularización, la atención de la migración laboral y las categorías migratorias.
De hecho, en la corriente parlamentaria, ya existen varios proyectos referidos al tema; sin embargo, el Ministerio de Gobernación considera que el tema migratorio debe tener un abordaje integral y conjunto, en el cual cada institución involucrada asuma sus responsabilidades.
Además, ratifica la necesidad de realizar las reformas, puntualizando en los costos del proceso de regularización y las categorías migratorias.
Regularización por arraigo
Otro de los temas que se pretende reformar es la condición de cientos de personas que ingresaron de forma irregular y tienen años de vivir en Costa Rica, pero que no están regularizados por diversas razones, pese a que realizan un aporte importante al desarrollo de nuestro país.
De acuerdo a lo explicado por la asesora Rita Maxera, las categorías migratorias costarricenses son cerradas; o hay que ser un trabajador con contrato de trabajo o independiente, pero dentro de las especificaciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo; o bien, tener vínculos en el país, por tanto estar casado o tener hijos.
“La propuesta que hemos analizado establece que si una persona tiene un tiempo en el país, y su récord policial es limpio; ha trabajado y vive en el país, evidentemente, tiene arraigo y esto tiene que permitir que viva regularmente para luego nacionalizarse”, apuntó Maxera.
