Redacción- Un proyecto de ley que dotaría de más fondos a la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) para la compra de medicamentos oncológicos y para tratar otras enfermedades críticas, crónicas y degenerativas, podría ser dictaminado durante el actual periodo de sesiones ordinarias. De ser así, los diputados tendrían la oportunidad de aprobarlo antes de que finalice esta legislatura.
Se trata del proyecto 20.144, denominado “Ley para la Adquisición Solidaria de Medicamentos de Alto Impacto Financiero para la Caja Costarricense de Seguro Social”, que recientemente fue reasignado a la Comisión Especial de Temas Vinculados a las Personas con Discapacidad, presidida por el diputado Óscar López.
La iniciativa crearía un fondo de aproximadamente ¢10 mil millones que, según el texto, únicamente podría utilizarse para adquirir medicamentos de alto impacto financiero para la C.C.S.S.
De aprobarse, los fondos podrían beneficiar a muchos de los 10 mil pacientes que anualmente se diagnostican con algún tipo de cáncer en nuestro país.
“La vida de muchas personas está en riesgo y no podemos permitir que sigan muriendo en espera de un tratamiento. Actualmente, la única vía para acceder a fármacos no incluidos dentro de la lista oficial de la Caja es a través de la Sala Constitucional, proceso que puede tardar meses”, explicó Cintia Solano, vocera de Anasovi.
“La situación de salud hoy es muy diferente a la que teníamos cuando se estableció la política de medicamentos esenciales, en 1982. Por ejemplo, el cáncer en sus diferentes formas es la segunda causa de muerte en Costa Rica y como país debemos encontrar vías para que todos los pacientes puedan ejercer su derecho a la salud”, explicó Solano.
Este fondo solidario se financiaría con un ajuste de 5 colones al impuesto que grava las gaseosas, así como otras bebidas envasadas, con excepción del agua, la leche y otras que se utilizan con fines médicos y terapéuticos.
Pacientes sin alternativas
El expediente cuenta con la firma de 45 diputados y la revisión del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, pero aún requiere el dictamen positivo de la Comisión de Discapacidad y luego pasar al Plenario para los debates respectivos.
La aprobación de este proyecto de ley es actualmente la única propuesta que aseguraría a los pacientes el acceso a sus tratamientos sin la necesidad de acudir a los recursos de amparo.
De no aprobarse durante la actual legislatura, el trámite se vería severamente retrasado, dado que, a partir del 1 de mayo del 2018, un nuevo grupo de legisladores requeriría conocer el fondo de todos los proyectos de ley pendientes.
