La entrada en vigencia de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas ha disuelto 266.000 sociedades anónimas, de las cuales 18 mil tienen bienes inscritos y que se encuentran en el limbo legal.
“Están en un limbo porque la persona jurídica no puede vender, traspasar, hipotecar o prendar; no puede realizar efecto alguno con sus bienes”, explicó el licenciado Kevin Castro, de la firma de abogados Central Law.
De no revivir la sociedad, los interesados tendrán que abrir luego un proceso de liquidación que demandará el nombramiento de un liquidador y abrir un proceso de devolución de los aportes de cada uno de los socios.
“Es un proceso mucho más costoso, engorroso, y demandará más tiempo. Hay que tomar en cuenta que, en aquellas sociedades con múltiples socios, el proceso va a generar disputas y desacuerdos. No todos los socios podrían estar en comunión sobre cómo vamos a repartir esos activos o cómo van a liquidar esos pasivos”, agregó Castro.
Oportunidad para las sociedades
La entrada en vigencia de la “Ley Lázaro” 9485, les permite a los interesados en revertir el estado de inactividad, pagar los impuestos sin multas e intereses.
Para ello, deben publicar un edicto para informar sobre la pretensión de revivir la sociedad y acudir a un Notario Público para formalizar el acto.
El plazo para realizar los trámites vence el próximo 15 de diciembre y aquellas personas que deseen formalizar la escritura de cese de disolución de la sociedad pueden hacerlo hasta el 15 de enero.
Si las 18.300 personas jurídicas con activos registrados a su nombre pagan los impuestos, se estima que el Estado recuperará unos ¢13.800 millones.
