San José – El gobierno y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) se han enfrentado por una intervención urgente por seis meses al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) por ‘números rojos’ en la situación financiera.

CONASSIF acordó esta tarde realizar una intervención urgente a esa entidad bancaria, pues halló irregularidades de categoría tres en los indicadores del mes de noviembre, específicamente en activos, liquidez y rentabilidad, de acuerdo con Luis Carlos Delgado, presidente de ese ente.

La intervención hará que tanto la junta directiva como la gerencia del banco sean relevados de sus cargos y se nombre un interventor, en este caso, Marco Hernández Ávila, quien realizará un inventario de activos y pasivos y un informe en el que, de ser necesario, se podría solicitar la quiebra del banco ante un Juzgado.

No obstante, la decisión generó fuerte molestia en Casa Presidencial. Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, indicó que es ilegal y gravosa, pues pondría en riesgo la cartera financiera del banco.

Según Presidencia, el único acreedor con el que Bancrédito tiene deudas a la fecha es el Ministerio de Hacienda (por el orden de ¢128.000 millones), habiendo cancelado sus obligaciones con todos los otros ahorrantes e inversionistas. En tal razón, la finalidad esencial del acto administrativo de la intervención ha desaparecido porque, de acuerdo a la ley, el objeto es proteger a los ahorrantes e inversionistas.

«En ese sentido, es muy probable que la intervención desencadene en una pérdida de valor de la cartera de crédito que aún tiene el Banco como activo y, además, hará que se prolongue el pago de la deuda con el Ministerio de Hacienda lo que impactará el déficit fiscal, aumentándolo en aproximadamente un 0,3% del Producto Interno Bruto, justo en un momento que es crítico para el país», dijo Alfaro.

El gobierno manifestó que intervención resultaría más costosa, prolongada y gravosa que el proceso de salida de intermediación. Este se ha llevado a cabo de una manera ordenada y sin afectar la estabilidad del sistema financiero local, y sin que haya atentado contra la integridad financiera de los empleados de la institución.

A todo lo anterior debe sumarse el alto costo económico que significa la intervención en términos de pago de honorarios de los interventores, publicaciones y otros.

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