San José – Los esfuerzos mancomunados entre los sectores público y privado (APP) serían la manera más eficaz de mejorar y resolver el tema de la infraestructura vial en Costa Rica, según determinó un reciente estudio realizado por la Academia de Centroamérica, después de hacer una comparación de dos experiencias en infraestructura vial.

La riqueza del estudio denominado “La infraestructura vial en Costa Rica: desafíos y oportunidades para las asociaciones público-privadas”, radica también en los datos adicionales y la sistematización para llegar a las conclusiones que se muestran.

Según se determina, dos de las ventajas fundamentales de las APP es que superan en mejores prácticas de gestión a otros esquemas de inversión, principalmente al esquema tradicional y que proveen recursos adicionales.

El informe elaborado por los economistas Miguel Loría y Josué Martínez, señala que para aprovechar esas ventajas deben resolverse barreras en la gestión estatal de los proyectos viales y superarse los prejuicios, sobre todo ideológicos, de algunos sectores contra el funcionamiento de las APP.

Aunado a lo anterior, el Estado también debe resolver una serie de obstáculos estructurales que se arrastran por años, como el tema de las expropiaciones y los atrasos que ocasionan en la ejecución de los proyectos,

“Por muchos años Costa Rica ha desarrollado los proyectos de infraestructura empleando sistemas tradicionales, donde el Estado es el proveedor de los bienes y servicios con recursos públicos. El balance de resultados a la fecha no es uniforme. Coexisten segmentos de la infraestructura nacional bien posicionados a nivel internacional con otros que presentan grandes rezagos. Dentro de los segundos está la infraestructura vial, particularmente carreteras, un segmento que adolece de serios problemas de calidad e ineficiente gestión de los proyectos”, enfatiza el investigador Miguel Loría.

Del total de inversión en infraestructura en Costa Rica, el 75 por ciento es pública y el 25 por ciento privada. Desde hace muchos años el país ha enfrentado serios problemas de gestión para desarrollar la red de carreteras nacionales, que no han sido resueltos a la fecha. Deficiente planificación e inadecuada gestión de los riesgos aparecen en muchos de los proyectos.

La experiencia con el modelo tradicional de contratación ha sido insatisfactoria, el fideicomiso no ha funcionado con la celeridad esperada, la mayoría de los trabajos contratados bajo la administración de una agencia especializada no han iniciado y los esquemas de concesión se han usado en pocos casos, lo cual no permite una valoración integral y objetiva del modelo