Redacción – Hace más de un año el Ministerio de Salud comenzó un nuevo proyecto para reglamentar el examen nacional de ingreso a los programas de especialidades y subespecialidades médicas. Según el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington, esta pretensión constituye un evidente intento de violentar la Constitución Política en lo referente a la autonomía que le es reconocida a las instituciones de educación superior estatal.
Este proyecto, mediante un derecto ejecutivo, busca que el ingreso de los estudiantes a las especialidades médicas sea por medio de un único examen supervisado por una comisión adscrita al Ministerio de Salud, lo cual violenta dos derechos fundamentales del accionar de las universidades: su autonomía y su libertad de enseñanza.
“La prueba determinaría quiénes ingresan a los centros universitarios que imparten especialidades médicas. Esto vulnera los derechos antes indicados, pues solo pueden ser las mismas casas de estudio las que pueden definir sus criterios de ingreso y de selección a sus estudiantes. Un decreto ejecutivo no se puede restringir derechos fundamentales y, si sucede, se vería fuertemente cuestionado y existiría la posibilidad de que alguna institución lo cuestionara en sede judicial”, afirmó el director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la UCR, Luis Carlos Pastor Pacheco.
Dentro de los artículos planteados en la norma, la UCR afirma que existen errores conceptuales y de fondo como la propuesta de reglamento, la cual no tiene un objetivo claro, es decir, una norma que explique para qué sirve. Lo que posee es un objetivo sin una definición clara de qué es lo que va a regular y por qué.
Otro aspecto que consideran como error, es la inclusión del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en la elaboración del reglamento, así como la posible aplicación del mismo, es incorrecta.
De acuerdo con Pastor, el colegio es un ente no estatal creado por ley para regular el ejercicio de la profesión médica, no para controlar a los centros universitarios que la imparten.
“Se violenta la Ley de Contratación Administrativa al indicar que la contratación del ente externo será bajo los principios de la contratación administrativa, que si bien es otra de las modalidades definidas por ley, el Ministerio al ser un órgano incluido dentro del Poder Ejecutivo necesariamente debe aplicar el artículo 1 de esa ley. Así mismo, debe seguir los procedimientos ya definidos y no por medio de la contratación de principios. En caso de hacerlo, requeriría autorización de la Contraloría General de la República y ciertos elementos que no constan en el Reglamento cuestionado” explicó el director de especialidades médicas.
El próximo martes 22 de mayo se reunirá el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR y dentro de su agenda está la discusión de dicho reglamento, concluyó el Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría.
