Redacción- Asciende a 194 las personas que murieron a causa de la ola de violencia que persiste hoy en Nicaragua, informó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, encargada de esclarecer los hechos ocurridos.
Del total de víctimas fatales, 172 eran de sexo masculino, 12 femenino y 10 menores de edad, según el recuento realizado entre el 18 de abril y el 25 de junio.
La mayoría de las muertes (101) se registraron en Managua, seguida por el departamento de Masaya (27), León (11), Estelí (10), Chinandega (9) y Matagalpa (8), y el resto en Boaco, Carazo, Granada, Jinotega, Río San Juan, Chontales y las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur. La junta refirió que aún investiga la ocupación de los fallecidos, pero hasta el momento conoce que 47 de ellos eran obreros, 10 policías, nueve estudiantes universitarios, seis de secundaria y dos periodistas, entre otras oficios.
También indagará sobre el credo religioso y político de las personas, según declaró la semana pasada, durante la presentación del informe preliminar.
La comisión inició la pesquisa el 10 de mayo con el objetivo de aclarar las muertes, heridos, encarcelados, denuncias de desaparecidos, actos de vandalismo y destrucción de bienes públicos y privados.
Asimismo asumió el compromiso de trabajar durante tres meses en el proceso de recolección, consolidación, preservación y análisis de las evidencias, en aras de contribuir a la paz, la justicia y aclarar la verdad ante todo.
Para ello, según refiere, establece contacto con organizaciones especializadas en derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.
Creada y juramentada por la Asamblea Nacional, la junta está integrada por el sacerdote franciscano Francisco Uriel Molina, el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma-Managua, Jaime Francisco López, la activista indígena Mirna Cunningham, el subprocurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín y el académico e intelectual Cairo Amador.
La escalada de violencia estalló en este país en medio de protestas contra reformas gubernamentales al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno, según denuncia el Ejecutivo.
