Redacción-  El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, solicitó a los sindicatos a no ir a una huelga injustificada este 25 de junio y llamó a replantear la iniciativa y a resolver su oposición al proyecto de reforma fiscal en la mesa y no en las calles.

Las declaraciones las dio al concluir la tercera reunión que sostuvo este viernes en las instalaciones de Jupema, junto al Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y el Ministro de Trabajo Steven Núñez, con representantes sindicales para tratar de llegar a acuerdos sobre el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Este movimiento hará daño a los costarricenses, especialmente a los usuarios de los servicios públicos, a los trabajadores, al país. Los invitamos a que replanteen la iniciativa de ir a una huelga que no se justifica. Los invitamos a resolver problemas en la mesa con diálogo y no en las calles”, enfatizó Piza.

Para el próximo viernes 29 de junio, a las 10:00 a.m., iniciará una nueva etapa en el diálogo con los sindicatos y otros sectores, ya que se convocó a una mesa de negociación con agenda única del tema fiscal, que fue aceptada por todas las partes.

El objetivo es continuar con la escucha activa que permita incorporar y mejorar el Proyecto de Ley.

En el encuentro, los sindicatos indicaron que irán siempre a huelga, pese a que el Gobierno dejó clara la voluntad de diálogo y de tomar en cuenta las propuestas que mejoren el proyecto de ley 20580, y que ha dado señales claras en el combate contra la evasión fiscal y la contención del gasto público.

“Desde el Ejecutivo estamos llevando adelante las acciones necesarias para cobrar mejor los impuestos, luchando contra la evasión y el contrabando. Se han adoptado medidas para contener el crecimiento del gasto público, recortando presupuestos sin afectar ningún derecho laboral, ni ningún programa social, pero el compromiso con Costa Rica debe ser de todas las personas”, puntualizó Piza.

Finalmente, comentó que “el país necesita conservar la paz laboral y social que nos caracteriza y que Gobierno tomará las acciones que el marco legal le faculte para garantizar el orden y el respeto a los derechos ciudadanos”.