Redacción – El diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, inició esta mañana un juicio contra el estado ante el supuesto manejo indebido del gobierno sobre el recurso atunero.

La demanda surge ante las dudas por las actuaciones de los gobiernos en la regulación y protección del atún nacional.

Según un estudio realizado por la Federación Costarricense de Pesca (FECOP), con base en datos oficiales de la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT), entre 2008 y 2011, Costa Rica percibió por el pago de cánones de licencias de atún un ingreso promedio de $37 por tonelada de atún extraído.

Mientras tanto, en el mercado internacional, cada tonelada de atún que se procesa como producto enlatado, tiene un precio de 2800 dólares, por lo que considera que podría ser vendida a un mejor valor.

Para Villalta, el estado prácticamente regala el atún como consecuencia de una pobre regulación y gestión.

“Es obligación del Estado proteger la soberanía de nuestros mares y velar por la explotación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las y los habitantes del país. La falta de normativa eficiente y la incompetencia de los gobiernos ha tenido como resultado el regalo de la riqueza atunera del país a embarcaciones extranjeras”.

El juicio comenzó a las 8 y 30 de la mañana en el Tribunal Contencioso Administrativo contra el estado costarricense, el Poder Ejecutivo e Incopesca.

Además, Villalta denunció la ausencia de estudios técnicos por parte de Incopesca, así como la existencia de portillos legales que permitieran el otorgamiento de licencias de pesca a particulares.

Entre las peticiones del legislador se encuentran declarar nulas las normas ilegales o desactualizadas en la materia, ordenar a Incopesca a cumplir el artículo 49 de la Ley de Pesca para la fijación de cánones, obligar a las instituciones correspondientes a realizar estudios técnicos periódicos e iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes.