José María Villalta, diputado del Frente Amplio. Archivo.

Redacción- «Las fracciones de Liberación y del PAC, están en una postura bastante cerrada en el sentido de no querer realizar nada, eso es lo que ahora impide que podamos avanzar con este tema», así se refirió el diputado del Frente Amplio, Jose María Villalta, a su postura y la de las demás bancadas legislativas que se oponen a la aprobación del plan fiscal, de realizarle ciertas modificaciones al proyecto de Fortalecimiento y Finanzas Públicas 20580.

Luego de emitido el pronunciamiento del Poder Judicial sobre la afectación que implicaría la aprobación del plan fiscal para esta entidad en cuanto a su funcionamiento, Villalta indicó que la medida más certera que procede, es abrir una nueva negociación para llegar a acuerdos y abrirle espacio a los sectores que no han sido escuchados.

«Ante la sujeciones de la Corte, las opciones que se tienen son, aprobarlo así como está, o que la Sala IV modifique lo que ya dijo la Corte, son escenarios arriesgados por que podría caerse el proyecto, me parece que la vía más sensata, es hacer un alto en el camino, abrir un proceso de diálogo, de negociación, devolver el proyecto para poderle introducir modificaciones», indicó Villalta.

El legislador señaló que la única vía para que este vote a favor del proyecto, sería si se logran eliminar «las peores cosas que la reforma tiene, en el marco de un proceso de diálogo». Si se mantiene como está, aseguró, «no podría votarlo a favor, jamás».

Los puntos que el diputado modificaría son: los impuestos a la canasta básica y a las medicinas, las normas «que debilitan» la lucha contra la evasión fiscal, así como la introducción de medidas que no fueron incluidas para combatir esa problemática, la eliminación de los artículos que afectan el financiamiento de los programas sociales, entre otras.

Además, Villalta se refirió a la decisión tomada por los magistrados del Poder Judicial, y aseguró que su pronunciamiento se ha satanizado. Según el legislador, estos cumplieron con una función constitucional legítima.