Redacción- Con más de 27 años de operar en Costa Rica, la empresa de seguridad privada CSE Seguridad suspendió sus operaciones, debido a la crisis económica que vive actualmente el país, a los aprietos financieros por los que atraviesa el Gobierno y a las medidas sancionatorias que le han aplicado. Precisamente, la falta de recursos económicos en la Administración Pública y las medidas que se tomaron contra CSE Seguridad, perjudicó seriamente la operatividad de la compañía y además se le sanciona con la suspensión de los servicios, teniendo que despedir desde marzo a la fecha a más de 1.800 colaboradores y reubicar a 1500. CSE Seguridad prestaba sus servicios a 18 instituciones públicas, pero el año pasado, estas entidades congelaron el pago a la empresa, debido a una directriz del entonces presidente Luis Guillermo Solís, que, ante la falta de presupuesto estatal, le ordenaba a las instituciones priorizar sus pagos para cubrir los salarios de los funcionarios, aguinaldos y gastos operativos del Gobierno, y dejar en un último plano los demás compromisos, como lo es, el pago de los proveedores. Ante la falta de pago por parte de las entidades públicas, la compañía entró en un estado de morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social, situación que fue aprovechada por las instituciones para retener el pago de casi mil millones de colones, por los servicios de seguridad que recibieron por parte de CSE, aduciendo que la morosidad con este ente implicaba un incumplimiento del contrato y por lo tanto, no se le podía pagar por los servicios ya recibidos a satisfacción. Ante esta situación y por tener la empresa el 60% de su cartera colocada en el Sector Público, la compañía comenzó a experimentar un grave problema de Flujo de Caja, al no recibir pago alguno por parte de la mayoría de Instituciones Estatales. Se agotaron todas las vías administrativas posibles con estas Instituciones, a fin de buscar una solución, sin embargo, ante la imposibilidad real de lograr acuerdos, se vió en la obligación de presentar una medida cautelar ANTE-CAUSAM Provisionalísima en el Tribunal Contencioso. En agosto pasado, este Tribunal Contencioso Administrativo acogió la solicitud presentada y le ordenó a estas entidades públicas, realizar el millonario pago en un plazo máximo de 10 días. Sin embargo, muchas de ellas no han acatado en tiempo la resolución e incluso, a hoy, siguen habiendo Instituciones que no han cumplido con el pago. La empresa mantendrá abierta la oficina para atender todos los trámites administrativos, laborales y propios de este proceso.
