AMPrensa.com

Redacción – En el día número 66 de huelga contra el paquete fiscal, los sindicalistas cambian su rumbo y hoy se manifiestan y rechazan el nuevo proyecto de ley 21.049 «Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos», pues afirman que este atenta contra su derecho de protesta.

«Este proyecto de ley busca restringir el derecho a huelga y amenaza la libertad sindical», afirma el sindicato de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Los agremiados se concentran en una manifestación en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde buscan revocar el proyecto que, según sus argumentos, busca eliminar el derecho a huelga en el sector público, establecer fuertes limitaciones al derecho a huelga en general y al ejercicio de la libertad sindical.

Los argumentos que plantea el sindicato:

  • Respecto a las limitaciones al derecho a huelga, el proyecto prohíbe el ejercicio de este derecho en los servicios públicos al calificarla de manifiestamente ilegal, haciendo nugatorio este derecho, sin ninguna posibilidad de defensa de los sindicatos en huelga.
  • Se busca modificar el proceso de calificación de huelga en detrimento de los sindicatos, acelerar la notificación de la demanda, estableciendo términos irrazonables que deniegan la justicia pronta y cumplida contradiciendo la Constitución Política, elimina audiencias previas, reduce abruptamente los plazos judiciales, y limitar el ejercicio de la defensa de los sindicatos, mientras brinda un trato privilegiado a las demandas interpuestas por los patronos.
  • Además, se aceleran los efectos de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, ordenando de forma inmediata el regreso a labores en los servicios públicos, y eliminando el requisito de publicar este aviso en medios de circulación masiva.

El 21.049 propone algunos cambios y reformas para dar un apoyo oportuna a los derechos fundamentales de toda la población y garantizar la seguridad jurídica ante la decisión ilegítima de los huelguistas de suspender labores en los servicios públicos considerados como esenciales.