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Redacción- La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), no aprobar la propuesta de fijación tarifaria que aumentaría en un 24% las tarifas del servicio de agua potable en el bienio 2019-2020.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitó al ente regulador un ajuste en la tarifas del servicio medido y por cargo fijo de acueducto para los años 2019 y 2020, con incrementos del 7,7% a partir de enero de 2019 y 15% a partir de enero de 2020, para un total acumulativo del 24% a partir de enero de 2020.

La Defensoría analizó el expediente tarifario publicado por la ARESEP y concluyó que de aprobarse las solicitudes de AyA, tal como están planteadas en el expediente, se ocasionaría un importarte perjuicio al sector productivo y los usuarios finales y, en general, sobre el bienestar de los costarricenses.

Para esta fijación, el AyA solicita un aumento acumulado al 2020 del 24% (7,7% en 2019 y 15% en 2020), lo cual supera en más de tres veces a la inflación acumulada proyectada para ese mismo período, que sería del 6,1%.

Asimismo, se debe considerar que en los últimos años, los salarios reales de la población han aumentado a una tasa promedio del 1,53%, cifra inferior a la inflación y muy por debajo de los aumentos solicitados por AyA.

Según la Defensoría, el modelo utilizado para determinar el ajuste tarifario se basa en la metodología de tasa de retorno, la cual ha sido criticada en diversas audiencias, porque el ajuste tarifario se realiza con base en el presupuesto de la empresa y estimaciones de necesidades de recursos para invertir; de manera que las empresas reguladas no tienen incentivos para hacer un uso eficiente de sus recursos y minimizar costos, a la vez se les induce a realizar sobreinversiones de capital por encima de las necesidades o crecimiento efectivo de la demanda.

De esta forma, un prestador de servicio público podría inflar sus costos y necesidades de inversión porque el modelo tarifario le garantiza las tarifas requeridas para recuperar esos costos y gastos.

Debido a lo anterior, la Defensoría analizó el comportamiento de los ingresos del servicio de acueducto con y sin ajuste tarifario, encontrando que sin considerar el aumento solicitado en las tarifas, los ingresos operativos se incrementan en un 6,8% en el año 2019 y en 7,8% en el año 2020, constituyendo un incremento acumulado en estos dos años del 15,1%.

Es decir, los ingresos aumentarán, sin considerar aumento tarifario, en más del doble de la inflación acumulada para estos dos años (prevista en 6,1%, según se indicó).

En razón de lo anterior, la Defensoría le recuerda a la ARESEP que el usuario de los servicios públicos es el centro de la regulación y no la empresa ni la misma Autoridad Reguladora; por ello le solicita dejar sin efecto este proceso tarifario y ordenar el archivo del expediente.