Redacción-  La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) emitió un protocolo que será obligatorio en todo el procedimiento de estudio tarifario, para determinar la cantidad de pasajeros por carrera.

De esta manera, se procura una tarifa justa y equilibrada para usuarios y empresarios.

Este protocolo es relevante porque, por primera vez en la historia del transporte público de Costa Rica, se emite un documento unificado, técnico y riguroso que establece cuál es el mecanismo para la validación de datos proveniente del sistema de conteo de pasajeros, estadísticas y la realización de estudios de volumen de pasajeros.

Las tarifas de autobús están compuestas por los costos y los ingresos (cantidad de pasajeros).

En los costos del servicio se incluyen salarios, combustibles, repuestos, depreciación, llantas y lubricantes, cánones, derechos de circulación y seguros, gastos administrativos y la rentabilidad entre otros.

Todos esos costos se dividen entre el volumen mensual de pasajeros, por eso, si es menor, la tarifa aumenta; y si es mayor, la tarifa disminuye (los costos se dividen entre más usuarios).

En este protocolo la ARESEP introduce la participación de los vecinos de la ruta correspondiente, pues notificará a las organizaciones comunales (asociaciones de desarrollo y otras, sobre el estudio a la ruta. Esta comunicación se hará a través del sitio web y redes sociales de la ARESEP, al menos 10 días hábiles antes de iniciar el trabajo de campo.

La Intendencia de Transporte de ARESEP estará a cargo de validar los estudios técnicos y las fuentes de información usadas para determinar el volumen mensual de pasajeros. Estos estudios se pueden realizar a solicitud de ARESEP (por medio del Intendente o Regulador General), operadores del servicio u organizaciones formales de consumidores.

Estarán sujetas a este protocolo todas las empresas de autobús que soliciten un ajuste tarifario, requiriendo para el cálculo la información del sistema de conteo de pasajeros; estadísticas o estudios completos para las empresas que  no dispongan de un estudio válido y para recorridos o extensiones nuevas.