Regular Uber es el propósito de los diputados. AMPrensa.com

Asamblea Legislativa.  El proyecto de ley que analizan los diputados que integran la Comisión de Económicos le preocupa a Martha Acosta, contralora general de la República, porque deja de lado los derechos de los usuarios y no se establece que reciban un servicio de calidad.

Además, podrían desvirtuar la naturaleza para la que se creó el Consejo de Transporte Público al crear un Fondo Nacional de Movilidad.

LEA MÁS: Taxistas protestan contra Uber frente a la Asamblea Legislativa

Dicho fondo se financiaría a través de pagos de inscripción de las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT),  el aporte mensual del 3% del precio final del servicio y del canon actual de $200 por servicio y $75 por conductor.

El CTP utilizaría el fondo para la modernización del transporte público y en los primeros 8 años, para cambiar la flota de taxis.

“La duda surge,  luego de que el proyecto no cuenta con el criterio técnico de cada uno de esos rubros y eso deben analizarlo cada uno  los diputados”, aseguró.

Para la Contralora, el expediente 21.228 no incorpora las posibilidades ante alguna instancia administrativa para hacer valer sus derechos.

Esto, pese a que establece obligaciones para los prestadores del servicio y las plataformas tecnológicas.

Ni tampoco redacta cómo pueden los usuarios efectuar reclamos o presentar denuncias.