- Condenados por fraude perderían beneficios fiscales y en cargas sociales
Redacción. Bajar la evasión tributaria y disminuir la impunidad es el propósito de un proyecto de Ley presentado esta tarde por José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
La iniciativa sugiere la aplicación de pena de cárcel de 4 a 5 años por evasión de entre 200 y 500 salarios base; y de 5 a 10 años por evasión superior a 500 salarios base.
Además, agrega sanciones penales como multas que actualmente no existen.
En la actualidad, solo califica como delito de fraude si la cantidad defraudada supera 500 salarios base (223 mil millones de colones al 2019) y no se suman los montos año tras año, permitiendo que alguien evada 499 salarios base cada año sin que llegue a calificarse como delito.
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Para solucionar esto, el proyecto propone bajar el umbral a 200 salarios base para ser considerado delito y sumar las cantidades durante varios delitos fiscales.
Otro de los problemas es que la sanción de cárcel únicamente aplica cuando se supera la evasión de 500 salarios base, según la legislación actual.
Finalmente, el proyecto propone que quienes sean condenados por fraude a la Hacienda Pública pierdan cualquier beneficio fiscal o en cargas sociales, así como la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa.
La ley vigente no contempla este tipo de sanciones.
“Las cifras vergonzosas de fraude fiscal en Costa Rica y las revelaciones de los Panama Papers demuestran que tenemos una legislación tributaria sumamente débil a la hora de castigar a quienes se roban los impuestos. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar nuevas obligaciones tributarias para toda la ciudadanía que son prácticamente ineludibles, como el IVA. Lo justo ahora sería sancionar a quienes cuentan con los recursos para esconder sus capitales, defraudar a la Hacienda Pública y evadir sus responsabilidades fiscales, señaló el diputado.
