Reptil en playa en Puntarenas.
  • Se les obliga a generar estrategias sostenibles

Redacción- Este próximo lunes 20 de mayo se sabrá el futuro de una demanda presentada por el activista y abogado ambiental, Walter Brenes, en contra del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para obligar al Estado costarricense a desarrollar planes de manejo integral de monitoreo de cocodrilos en playas y ríos del país.

Este lunes, el Tribunal Contencioso Administrativo iniciará la audiencia final de una demanda que fue presentada por el activista. La demanda contra el SINAC y El Estado, los obliga a desarrollar una estrategia sostenible y sustentable en el manejo de la especie Cocodrylus acutus (cocodrilo americano).

Según Brenes un informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República le ordenó a la Dirección Ejecutivo del SINAC «establecer e implementar un sistema de monitoreo para conocer el estado de las poblaciones de especies vulnerables”, entre ellas la especie de Cocodrilo Crocodylus acutus (Reptilia: Crocodylidae)».

«No obstante, actualmente, el SINAC ni El Estado mantienen un programa de investigación sobre las poblaciones de Cocodrilo en Costa Rica, ni mucho menos se conoce los Planes de Manejos de esa especie en una zona en específico, no cumpliendo entonces con su monitoreo obligatorio y, por ende, no se mantiene un conocimiento real sobre las situaciones y poblaciones de cocodrilos en Costa Rica e incluso ni de ninguna las especies silvestres en Costa Rica», manifestó el Abogado experto en temas Ambientales.

El análisis elaborado por la Contraloría General de la República estableció que es necesario implementar «.. el monitoreo sistemático que permita la evaluación del estado de las especies, en particular de aquellas consideradas en peligro de extinción, poblaciones reducidas o sujetas a regulaciones internas para su comercio, resulta fundamental para los esfuerzo de conservación in situ, dar seguimiento a las salud de los ecosistemas, la toma oportuna de decisiones y acciones de restauración, rehabilitación, prevención y control …».


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De acuerdo con Brenes, al declararse el cocodrilo en peligro de extinción, se tomaron medidas drásticas de protección desde los años 1990, esto después de haberse determinado que la población de la especie se encontraba bastante reducida.

Brenes afirmó que en la actualidad no hay estudios contundentes «ni siquiera un monitoreo por parte de El Estado ni del SINAC que determine con certeza la condición de la población de cocodrilos en Costa Rica.  Lo que sí se puede concluir es que dentro del territorio costarricense no se ha efectuado un correcto manejo y control de la especie ni de los comportamientos humanos con respecto a la especie, lo que ha generado o provocado un incremento significativo de cocodrilos y, por tanto se ha estado reduciendo el espacio disponible para cohabitar entre especies».