OEA convoca a sesión extraordinaria para el próximo martes por crisis en Nicaragua

Se analizará cumplimiento de la Carta Democrática

Imagen con fines ilustrativos.

Redacción/Agencia- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para el próximo martes a una sesión extraordinaria en la que analizará la situación en Nicaragua.

La reunión fue convocada a petición de la misión permanente de Canadá, que preside el Grupo de Trabajo sobre el país centroamericano.

El Consejo Permanente emprendió el pasado 11 de enero un proceso de “apreciación colectiva” de los acontecimientos en ese país.

 Esto como parte de la aplicación de la Carta Democrática, que puede derivar, de fracasar las gestiones diplomáticas y los buenos oficios para normalizar la situación.

Para ello, el Consejo Permanente deberá convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el que se determine si se ha producido la ruptura del orden democrático.

En caso de ser así de debería definir algún tipo de sanción para el Estado Nicaragüense comandado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El pasado jueves, Eddy Antonio Montes Praslín, de 57 años y de nacionalidad estadounidense, quien había sido reportado como desaparecido en octubre pasado y luego apareció en prisión, falleció de un disparo durante un motín en el Sistema Penitenciario Nacional.

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó que el hombre murió tras un amotinamiento protagonizado por un grupo de presos políticos

Pero los “presos políticos” negaron la información oficial y afirmaron que en medio de la discusión los guardias comenzaron a disparar con fusiles de guerra AK-47.

Estos presos políticos son personas que fueron detenidas por participar en protestas contra el presidente Ortega desde el estallido social del 18 de abril de 2018.

Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199.


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