• Sindicatos afirman que proyectos de ley atentan contra sus derechos laborales
  • Presidente de la Asamblea impulsa y defiende proyectos

Redacción – El sector sindicalista de educación prepara sus mejores tennis, sombreros y botellas de agua para la próxima huelga que está programada para esta semana, específicamente el próximo 6 de junio.

Pese a que no han brindado detalles de la logística de la huelga, la Asamblea General de la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) fue quien realizó la convocatoria a mediados de mayo, donde invitaron a todos los sectores a unirse al movimiento.

La principal razón es porque los proyectos de ley presentes en la Asamblea Legislativa, propuestos por diputados, afectan directamente sus derechos laborales como el derecho a manifestarse -de acuerdo con su criterio-.

Además, están en contra de que la educación se declare como un servicio esencial porque, durante las grandes manifestaciones en setiembre anterior, no se afectó.

«Intermitente» es como este sector cataloga a la huelga que tendrá inicio este próximo jueves. Además, APSE también convocó a todos sus afiliados para que suspendan lecciones los días 7, 11, 18 y 25 de junio, esto porque planean hacer un paro de labores cada martes de este mes.


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Desde el Castillo Azul, los congresistas afirman que no pretenden violentar los derechos de los trabajadores, sino más bien hacer cumplir la ley. Por ejemplo, el presidente Carlos Ricardo Benavides, legislador por Liberación Nacional y el impulsor del proyecto 21.097, destaca que dentro del Código de Trabajo no se incluyen huelgas políticas, por lo que no se van a limitar las huelgas sindicales.

Este proyecto definiría el listado de servicios esenciales» donde se limitará el ejercicio del derecho de huelga», entre ellos, la educación, dice APSE.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, afirma que desde ese gremio se encuentran preparados para exigir que se les respeten sus derechos laborales, por lo que incluso solicitaron a la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) para que intervenga en el país y le solicite al presidente de la República, Carlos Alvarado, archivar estos proyectos.

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Los agremiados no tienen una fecha de cierre de huelga, pues pretenden mantenerse en el movimiento hasta que los proyectos de ley sean archivados de la corriente legislativa.

 


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