Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. Foto: Jonathan Bonilla/AMPrensa.com
  • El monto era para la creación de un juzgado solicitado por los magistrados
  • Los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses

Redacción – El Ministerio de Hacienda  anuncia el recorte de ¢2.543 millones del proyecto de presupuesto 2020 de este Poder Judicial, tras la decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de remuneraciones.

De acuerdo con Hacienda, «con mucho esfuerzo» se había incorporado ese monto al presupuesto para la creación del juzgado anti-corrupción, en atención a una solicitud expresa de los señores magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos asignados.

Este lunes fue cuando se dio a conocer que, por votación de mayoría, los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios del personal del Poder Judicial a la nueva normativa que estableció la ley para fortalecer las finanzas.


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Lo anterior significa que, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones.

“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anti corrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, comentó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, agregó.

La ministra Aguilar aseguró que “con mucho gusto, de ser necesario, mediante moción, el Poder Ejecutivo se compromete a reintegrarle los recursos al Poder Judicial en cuanto se ajusten a la ley”.