Sindicato Médico espera que Ministra de Hacienda renuncie

Acuerdo solo da un impasse, esperan que la situación en la Caja se solucione por la vía judicial

Mario Quesada, representante del Siname. AMPrensa.com
  • Empleados de la Caja revisarán sus salarios de setiembre para tomar más acciones

Redacción.  La salida de Rocío Aguilar, como ministra de Hacienda, es la solicitud que hace el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) al Gobierno, a través de su presidente ejecutivo, Mario Quesada.

Las razones son dos:  primero,  haber firmado un decreto que se traía abajo el acuerdo entre la Caja y los sindicatos de febrero pasado y que eliminaba los pluses salariales solo para los nuevos empleados, pero no para los que tienen años de laborar.


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La segunda razón que le reprochan es que una vez firmado el acuerdo el 12 de agosto para suspender la huelga de ocho días entre el Gobierno y los sindicatos,  Aguilar dijera que no estaba de acuerdo,  con que se dejara de aplicar la regla fiscal en la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando la decisión ya había sido tomada el Presidente.

De acuerdo con el líder sindical y especialista en Cirugía Plástica Estética, “no se debería tener una funcionaria que está en contra de una decisión tomada por el mismo ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y Steven Nuñez, ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el aval del presidente de la República, Carlos Alvarado”.

Quesada manifestó que esperarán los salarios de setiembre para ver si se cumplió el acuerdo firmado y de lo contrario, podrían volver a tomar medidas.

La controversia

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se publicó en La Gaceta el 04 de diciembre del 2018, a partir de la promulgación, la Junta Directiva de la Caja llegó al acuerdo el 17 de enero del 2019 de iniciar un proceso de diálogo con el sector sindical.

El 20 de febrero del 2019, se suscribió un acta de acuerdos entre la Caja y los representantes sindicales para la implementación de esa ley y se establecen como principales puntos estos:

  1. Las anualidades acumuladas por las personas trabajadoras a la fecha de publicación de la ley 9635 (reforma fiscal) se respetarán en su fórmula de cálculo y se continuarán reconociendo y remunerando de acuerdo con el porcentaje establecido para cada puesto.
  2. Las futuras anualidades que las personas trabajadoras adquieran después de la vigencia de la ley 9635 serán calculadas con un monto nominal fijo, con base en la escala salarial de enero del 2018, según el puesto ocupado.
  3. Se mantendrá la dedicación exclusiva.
  4. La institución por la prestación de servicios profesionales en forma exclusiva concederá al servidor una compensación económica equivalente a un porcentaje de su salario base:  Un 25% para los servidores con el nivel de licenciatura y otro grado académico superior.  Un 10% para los profesionales con el nivel de bachiller universitario
  5. Se conformaría una mesa técnica jurídica para el auxilio de la cesantía.
  6. Pago Bisemanal
  7. Inaplicabilidad de la regla fiscal a la Caja, de conformidad con lo resuelto en el Voto N.19511-2018 de la Sala Constitucional.

Sin embargo, el 22 de mayo del 2019, se reformó el Reglamento emitido a la Ley 9635 por medio del Decreto Ejecutivo y se modifican los artículos relacionados con el incentivo de anualidad y la conversión de los incentivos a montos nominales fijos.

Esto despertó a los sindicatos y se inicia una negociación que al no fructificar dejó como saldo el movimiento de huelga.

Para Quesada, la Ministra cometió el error de aprobar este decreto que se traía abajo todos los acuerdos que se habían pactado.

Rocío Aguilar dijo la semana anterior  que no renunciará, pero que su puesto está a disposición del presidente de la República, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que respalda la labor de la Ministra de Hacienda.

La jerarca aseguró que desde el punto de vista presupuestario, le corresponde a la Contraloría General de la República revisar si las instituciones legales y que en caso contrario, tendrá que actuar.

Sindicalista reconoce que todos perdieron

La huelga que inició el cinco de agosto y duró ocho días afectó a más de 120 mil personas que requerían atención médica, según las cifras que maneja Casa Presidencial y motivó a Carlos Alvarado a firmar un acuerdo aduciendo que su “responsabilidad es tutelar la vida de las personas ante todo”.

“Lo que está haciendo el Gobierno es buscando una salida por la sede jurisdiccional competente”, manifestó el mandatario. 

Sin embargo, en esta huelga perdimos todos, asegura Quesada, porque los médicos no teníamos la ambición de hacerla y por eso, se llevó ese largo proceso de diálogo.

“El Gobierno perdió imagen y los pacientes su tiempo”.

El acuerdo despertó críticas por parte de los empresarios y de algunos sectores de la sociedad civil quienes aducen que se pidió un sacrificio al entrar en vigencia el impuesto de valor agregado (IVA) para recaudar más fondos y se dejan los pluses y las anualidades a los trabajadores de la Caja.

Además, se acuerda un  pago bisemanal y  la inaplicabilidad de la regla fiscal a la Caja.

Pero, se incluye el artículo nueve,  que también ha generado mucha controversia porque se establece constituir una mesa de trabajo, con el objetivo de analizar las propuestas de reforma del Reglamento de Contratación de servicios a terceros para lo cual, la institución facilitará toda la información y los insumos necesarios.

Sobre este punto, Quesada dijo que “se quiere imponer que solamente mediante un estudio técnico y autorización de Junta Directiva se puedan hacer estas contrataciones y eso es una privatización solapada y parece que a alguien no le gustó y que ha sido el detonante de la oposición al acuerdo que establece exactamente lo mismo que lo firmado en febrero”.

¿Qué pasará ahora?

Siname espera que la situación se resuelva por la vía judicial en un corto plazo, tras el acuerdo firmado entre ellos y los demás sindicatos y el Gobierno.

Sin embargo, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) están presionando para que el acuerdo se revise tanto por la Contraloría General de la República, como por los magistrados y ayer presentaron una acción de inconstitucionalidad. 

 


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