Los contribuyentes que no cumplan con el registro de accionistas se exponen a multas cuantiosas. AMPrensa.com
  • UCCAEP insiste en protejer la seguridad jurídica para las compañías 

Redacción.   Los afiliados a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) hicieron un llamado urgente y puntual ante la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, pues la información que entregaron las empresas es sumamente sensible.

Los empresarios solicitaron urgentemente una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues el cambio de paradigma al desaparecer la sociedad anónima y obligarse al registro de accionistas, implica cambios fundamentales y estratégicos para las empresas; además en el proceso se ha generado inseguridad jurídica, según acuerdo del Consejo Directivo de UCCAEP de este miércoles.

El vicepresidente de UCCAEP, Alvaro Sáenz, manifestó que uno de los principales inconvenientes para los empresarios, es el hecho de que el Instituto Costarricense contra la Drogas (ICD), el Ministerio de Hacienda y el Banco Central entregaron hasta el pasado mes de agosto las certificaciones de calidad que exige la ley sobre el resguardo, custodia y acceso restringido a la información de los obligados, lo cual provocó un ambiente de incertidumbre en las empresas que no promovió obtener la firma digital ni empezar el proceso de registro.


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Prueba de esto es que a la fecha hay una gran cantidad de representantes de empresas que no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados en algunos bancos para evacuar a tiempo todos los pendientes.

“Finalmente a finales de agosto el ICD y el Ministerio de Hacienda enviaron a UCCAEP las certificaciones que exige la ley, mientras tanto, muchos presidentes de las empresas no tramitaron su firma digital ante la incertidumbre e inseguridad jurídica. Cualquier persona que tenga una sociedad, por seguridad de la información relevante y sensible que se debía entregar, no estaba dispuesto a remitir dicha información sino existían esas certificaciones”, explicó el vicepresidente de UCCAEP.

De acuerdo con los registros suministrados, la última institución en informar sobre la obtención de esa certifiación fue el Ministerio de Hacienda el pasado 22 de agosto, un día antes lo entregó el ICD, mientras que el Banco Central lo hizo el 9 de agosto.

“Recordemos que las mencionadas instituciones del Estado tuvieron que dar una prórroga, porque en marzo 2019 admitieron que no estaban certificados en cumplimento de ley, ahora que acaban de certificar su cumplimiento;  al sector privado se le debe  igual  seis meses de preparación, pues lo último que queremos, y así lo previó del legislador en la ley,  es que la información sensible y estratégica caiga en manos de personas inescrupulosas como lamentablemente ocurrió en el pasado”, señaló Sáenz.