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  • Contraloría invalidó acuerdo del 12 de agosto

Redacción- La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) celebró la decisión de la Contraloría General de la República de invalidar el acuerdo entre trabajadores de la CCSS y los sindicatos, pues afirma «coincide con las exigencias que ha emitido en varias ocasiones UCCAEP de que todos debemos cumplir con la aplicación de la regla fiscal y que ninguna institución debe saltarse la norma».

Según el grupo, la petición del sector privado ha sido clara y contundente en cuanto a dar marcha atrás al documento firmado en acuerdo con los sindicatos del sector salud, «pues la ley en Costa Rica debe firmarse».

«Es nuestro deber externar total respeto y apego a la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como indicar a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que no podemos tener islas independientes en la función pública y tenemos que cumplir la ley en todos sus extremos», dijo grupo.

UCCAEP indicó que esperan que otras instituciones que «se sienten autónomas» se apeguen por igual criterio de la Contraloría General.

La Cámara de Industrias de Costa Rica, en nombre de sus empresarios, también aplaudió la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de invalidar el acuerdo firmado, el pasado 12 de agosto, entre las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de salud.


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El director de la cámara, Francisco Gamboa, indicó que «nadie, ni ninguna institución está por encima de la ley y ese es un principio básico para el avance de nuestro país. Siempre consideramos que el acuerdo del 12 de agosto era ilegal, incorrecto, improcedente e inadecuado.

Esta semana hemos tenido dos maravillosas noticias para el aumento de la confianza en el país: este pronunciamiento de la CGR y la aprobación en primer debate del proyecto de huelgas».

Luego de la denuncia planteada y del análisis de la Contraloría, la ley deberá aplicarse incluso en los numerales relativos a “Anualidades” e “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”.

Además, se ordenó a la junta de la Caja la aplicación inmediata de la regla fiscal y la convocatoria a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días “para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas”, explica la Contraloría.