Diputada de Restauración Nacional presenta proyecto de ley para otorgar brazaletes

Proyecto de ley busca sentar responsabilidades para el Ministerio de Justicia y empresas involucradas

Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Ministerio Justicia y Paz)

Redacción.   La diputada de Restauración Nacional,  Floria Segreda, presentó  un proyecto de ley que adiciona varios artículos a la Ley 9271, con el fin de establecer regulaciones fuertes al uso de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la pena  para privados de libertad (expediente 21624).

“Mi objetivo es velar por la seguridad de todos los costarricenses, como bien lo indiqué la semana anterior, los ciudadanos somos los “conejillos de indias” mientras se otorgan brazaletes de forma indiscriminada y lo peor de caso es que no se cuentan ni con los controles mínimos. Entre tanto, el Ministerio de Justicia y la Empresa de los Servicios Públicos de Heredia se achacan responsabilidades”, aseguró la legisladora.

Este proyecto busca sentar responsabilidades para que los Tribunales y el Ministerio de Justicia  supervisen en conjunto el cumplimiento de esta medida alternativa a la privación de libertad.

También,  establece que los jueces podrán otorgar el dispositivo electrónico únicamente cuando se cuente con todos los estudios previos, que se cumpla con estándares de supervisión y vigilancia, que garanticen el cumplimiento adecuado de la pena, tal y como se fijó para cada  caso en concreto.

Puntualiza de manera clara las condiciones en las que el beneficio será revocado de forma  inmediata, además de definir las responsabilidades y obligaciones de los privados de libertad a los que se otorgue esta medida alternativa para la ejecución de la pena.

Asimismo, establece la obligación de que la Dirección General de Adaptación Social tenga un padrón actualizado y detallado de los internos adscritos al programa.

“No niego que los brazaletes puedan ser una medida alternativa válida y que pueden ir cambiando poco a poco la precaria situación que se vive en las cárceles del país, pero los costarricenses merecemos que se ofrezcan condiciones mínimas de seguridad y eso pasa, en primera instancia, porque los beneficiarios sean evaluados previamente” concluyó Segreda.


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