• Fiscalía allanó este viernes Casa Presidencial

Redacción – El secretario general de Nueva República, Fabricio Alvarado, publicó un vídeo donde indica que espera que la reacción tardía de la Fiscalía no afecte la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

«Esperábamos ese allanamiento desde la semana pasada, que fuera más pronta la reacción, (…) es tardía y esperamos que esta sea una investigación seria», agregó el político.

No obstante, desde los diferentes puntos de informática forense, los expertos son capaces de determinar, gracias a los equipos, si alguna prueba fue borrada o manipulada.

Entonces, de presentarse una anomalía, desde la Fiscalía lo pueden determinar en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).


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Por su parte, Alvarado también critica que el presidente no tomó acciones contra los responsables del mal manejo de la UPAD.

«No ha tomado acciones contra las personas que estuvieron durante un año y medio», resaltó.

Con respecto a eso, el presidente ordenó iniciar una investigación sobre la elaboración del decreto ejecutivo de la UPAD para dar con los responsables.

No obstante, Carlos Alvarado ha evitado ampliar declaraciones al respecto, aunque haya información pública que se puede compartir pese a la investigación abierta.

Dentro del expediente son investigadas ocho personas, entre ellas el presidente Carlos  Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Daniel Soto Castro; el coordinador Diego Fernández Montero, así como Andrés Villalobos Villalobos y Alejandro Madrigal Rivas, subordinados de Fernández.

De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal y Fernández fueron asesores de datos.

Además, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.

Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.