- Tienen poco tiempo para trabajar en la investigación
- Navas delegará otros asuntos a fiscales
Redacción – La fiscala general de la República, Emilia Navas, destacó que priorizan la investigación del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) para que no prescriba.
Navas detalló que ella debe estar presente en todas las diligencias y en el análisis de la evidencia digital de los dispositivos decomisados, por lo que se requiere tiempo; sin embargo, lo sacará para poder enfocarse en el caso.
Esto debido a que algunos funcionarios tienen fuero y Navas, como fiscala general, debe presenciar las diligencias.
Dentro de la Fiscalía, para atender otros casos, la fiscala delegará algunos asuntos a otros fiscales para poder trabajar en conjunto con las unidades que investigan el caso.
«Se va a manejar con prioridad, pero por una razón exclusiva. Los delitos son sancionados con plazos de prisión de tres años, es decir, el plazo de prescripción es muy corto. Tenemos poco tiempo para trabajar la investigación», indicó Navas.
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La investigación inició el 24 de febrero anterior y prescribiría en la misma fecha para el 2023; no obstante, el objetivo de la Fiscalía no es ese.
Investigación
Los allanamientos y la investigación se abrió a partir de cuatro denuncias. La Fiscalía investiga a ocho funcionarios por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Estos son el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Daniel Soto.
Además el coordinador Diego Fernández, así como Andrés Villalobos y Alejandro Madrigal, subordinados de Fernández.
De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Se presume que se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
