- Ocho funcionarios son sospechosos de violación de datos
- OIJ tiene equipo especial digital
Fiscalía General – Una de las mayores preocupaciones que se ve en redes sociales y que incluso diputados han manifestado es el tema de la eliminación de pruebas por parte de los sospechosos en el caso UPAD.
A raíz de esa inquietud, el fiscal Juan Pablo Miranda afirma que todo archivo eliminado deja un rastro que el equipo forense digital puede determinar si fue destruida alguna prueba.
«Dentro de la misma forensia digital, se va a hacer una tarea importante por parte del OIJ para poder determinar la integridad de esos datos. Cualquier movimiento genera algún tipo de rastro o marca que puede ser visibilizada y marca», indicó Miranda ante una consulta de AMPrensa.com.
La preocupación surge porque el allanamiento en Casa Presidencial, Mideplan y las casas de habitación de los asesores se esperaba para inicios de la semana anterior; sin embargo, fue hasta el día viernes que se realizaron las diligencias judiciales.
En las casas de habitación de los asesores y en Casa Presidencial decomisaron celulares y computadoras personales.
Entonces, en caso de que alguien haya manipulado la información, los expertos en informática del Poder Judicial pueden saberlo y sería un nuevo delito.
No obstante, las autoridades confían en que ningún detalle fue alterado.
Son ocho sospechosos y a cada uno les decomisaron al menos un celular y una computadora.
Dentro del expediente son investigados el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Daniel Soto Castro.
Además, son sospechosos el coordinador Diego Fernández Montero, así como Andrés Villalobos Villalobos y Alejandro Madrigal Rivas, subordinados de Fernández.
De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
