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Redacción.   Los congresistas de diferentes fracciones legislativas aprobaron hacerle una serie de cambios al expediente 21909:  Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad Covid-19 y lo devolvieron a primer debate.

La principal objeción que se le hizo a la iniciativa es que al congelar el precio de los combustibles en el país, se afecta a sectores considerados importantes para la reactivación de la economía como son los pescadores, agricultores y los de transporte público.

El legislador Pedro Muñoz Fonseca recalcó que votó en contra del proyecto porque afecta a las personas más necesitadas.

La Iniciativa crea un subsidio para la atención de quienes estén en desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales, aprovechando la baja en los precios internacionales del petróleo.

Los recursos saldrán de que la Refinadora Costarricense de Petróleo no tramitará solicitudes de reducción de precios de las gasolinas Súper y Plus 91, y el Diésel, ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

Las gasolinas se mantendrán en un precio de ₡606 la gasolina súper, ₡583 colones la gasolina Plus 91 y  ₡498 el diesel. 


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La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) trasladará mensualmente al Ministerio de Hacienda, el monto de la diferencia en el precio.

El Instituto Mixto de Ayuda Social, únicamente podrá utilizar los recursos provenientes del artículo anterior, para financiar el subsidio creado en la presente ley.

La iniciativa se presentó por parte del ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez y el presidente de la República, Carlos Alvarado y fue dispensado de todo trámite.

Este mecanismo de financiamiento del fondo se mantendrá vigente durante el periodo de emergencia nacional.