- Marcelo Prieto demandó y presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra el gobierno
Redacción – El nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, demandó en el 2019 a la cartera que ahora encabeza como su jerarca por la reforma sobre los pluses salariales en el sector público.
Él y los rectores de Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional, UNED y el Instituto Tecnológico de Costa Rica se unieron en la demanda contra el ministerio de Planificación, el de Hacienda, de la Presidencia y el Estado.
La acción legal fue presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo por la reforma fiscal que ordena medidas de ahorro en los pluses salariales.
Prieto es el actual rector de la Universidad Técnica Nacional y por eso se unió a la demanda de las cinco autoridades de estas instituciones de educación universitaria pública.
Con respecto a eso, Prieto indicó en conferencia de prensa sobre su nombramiento que pensar que esa demanda es de carácter personal es erróneo.
«Se comete un error al creer que esa demanda es de carácter personal. Si esa demanda se mantiene o se retira, ya no es decisión mía, va a ser de las nuevas autoridades de la Universidad Técnica Nacional y de las otras rectorías», expresó.
La acción de nulidad se plantea en contra del artículo 1° inciso h) y del artículo 3° del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el pasado 18 de febrero, denominado: «Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al empleo público».
Además de la violación por aplicación indebida de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la reforma fiscal.
Así lo indica el comunicado de la UCR que dio a conocer la acción el 7 de mayo de 2019.
Entre los principales argumentos que respaldan esta demanda, está «la regulación del régimen de empleo de las universidades públicas es materia reservada a las competencias de estas instituciones, y desde su creación han quedado fuera de la aplicación del régimen del Servicio Civil», según ese comunicado.
Las disposiciones contenidas en la Ley de Salarios de la Administración Pública, propias del régimen del Servicio Civil, no resultan de aplicación a las universidades estatales.
Aunado a lo anterior, Prieto firmó, en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad contra el Gobierno de la República por la reforma fiscal, de acuerdo con información de La Nación.
Y también, en febrero 2020, firmó otra acción presentada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) contra el reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
El reglamento limita el pago de anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional en todas las instituciones públicas.
«Considero que el Régimen de Empleo Público uniforme tiene que aplicarse, sin ninguna duda, a las universidades públicas y a todas las instituciones públicas del país, pero me parece que el camino de incorporar a las universidades públicas a este régimen por la vía del decreto, no era el camino adecuado y ahí está la discusión jurídica que se planteó», concluyó Prieto, sobre este tema, en conferencia.
Prieto dejará el puesto como rector para asumir el del ministro a la Presidencia el 1° de mayo próximo.
