Redacción. En el marco de la comparecencia de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, en la Asamblea Legislativa y ante una consulta de la legisladora de Liberación Nacional, Silvia Hernández, se confirmó que el Gobierno tuvo acceso a los datos sensibles de los costarricenses, «sin embargo, acotó que el Ministerio Público tendrá que determinar cómo y para qué se utilizaron esa información».
Agregó que desde el primer momento en que se promulgó el decreto ejecutivo ellos iniciaron una investigación para ver si la UPAD tenía acceso y uso de información protegidas legalmente.
Silvia Hernández, diputada de Liberación Nacional, mencionó que por qué fue un equipo de la Defensoría fue a Casa Presidencial y cuáles eran los objetivos.
«Como lo mencioné la Defensoría intervino amparada a un aspecto legal para inspeccionar las oficinas públicas sin previo aviso e iniciar de oficio cualquier investigación que conduzca los actos y el derecho a la confidencialidad de los datos era el tema que nos estaba llevando», destacó.
