- La gerencia de Logística es cuestionada por la adjudicación de mascarillas a dos inexpertos
Redacción – Dos funcionarios son reubicados por la gerencia general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como medida cautelar por el proceso de investigación de la cuestionada compra de mascarillas.
Ambos trabajadores son de la Gerencia de Logística, desde donde se realizó la adjudicación, específicamente el director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y el jefe de área de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
La medida cautelar consiste en que en el traslado de los funcionarios, por un período de tres meses, a otra unidad para la ejecución de sus labores.
El director será traslado a labores administrativas al Centro de Desarrollo Estratégico e información en Salud y Seguridad Social y el jefe a la Dirección de Proyectos Especiales de la gerencia de Infraestructura.
De acuerdo con la gerencia la decisión se tomó con fundamento en la relación de hechos incluida en los informes de Auditoría Interna No. ASSAI-RH-67-2020 y ASSAI-RH-66-2020, así como lo dispuesto por la Junta Directiva de la CCSS en el artículo 41° de la sesión N° 9118, que fuera comunicado a la Gerencia General mediante el oficio No. SJD-1382-2020.
En el oficio se acordó «… que, a la brevedad posible conforme a derecho corresponde, tome las medidas pertinentes a fin de que se establezcan los procedimientos y eventuales responsabilidades. Asimismo, se le solicita que aplique las medidas que garanticen la transparencia en el proceso o procesos administrativos que se establezcan».
El pasado 18 de agosto, y como parte de estas investigaciones, la Caja separó al entonces gerente de logística de la CCSS; Luis Fernando Porras Meléndez, y a otros dos asesores de esa gerencia de apellidos Vindas Céspedes y Díaz Rivera, para la investigación.
La gerencia general informó que el procedimiento administrativo ordinario de responsabilidad disciplinaria, contra nueve funcionarios, avanza de conformidad con los plazos establecidos.
La compra
La CCSS es cuestionada por adjudicar la contratación directa 2020-CD-00093-5101 para la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas al contador público sin experiencia en distribución de Equipo de Protección Personal (EPP), así como a la empresa de la periodista Miren Martínez Ruiz, compañía que estaba morosa con la Caja.
La empresa de comunicación incumplió con la entrega de mascarillas, por lo que ya se inició los trámites pertinentes para resolver la orden de compra supra citada, y realizar el cobro de las multas y clausula penal.
Esta contratación de ambas empresas es por $4 millones; sin embargo, la Caja no pagó por adelantado.
Para este concurso, la Caja tuvo 18 opciones, pero aseguran que escogieron a estos dos oferentes por ser el precio menor por una diferencia de $553 mil. Además, resaltan que sí cumplían con todos los requisitos.
No obstante, de momento no hay evidencia de que los adjudicatarios tengan experiencia en el tema, así como que hayan presentado documentación para validar la calidad de los cubrebocas para su importación.
Por su parte, la institución resalta que sí cumplen con los estándares internacionales.
Según el gerente de Logística recientemente separado, la compañía MR Comunicaciones se atrasó con la entrega de las mascarillas que se le compraron, la cual estaba pactada para el 4 de junio anterior.
A esta compañía se le adjudicó la compra por $1.9 millones.
«Tuvo inconvenientes de logística y pidió una prórroga. La Caja analizó el caso, revisó su disponibilidad de mascarillas y le entrega la prórroga, pero no cumple, por lo que se le resuelve, estamos en el proceso de resolución contractual y no media pago», explicó el entonces gerente de Logística.
La compañía de la periodista solicitó prórroga para entregar las mascarillas el 29 de junio, alegando que la República de España realizó la retención de la mercadería pactada en razón de la orden Real Federal de dicho país.
MR Comunicaciones Políticas fue condenada a pagar una multa por el atraso e incumplimiento.
Con el contador sí se han cumplido las primeras entregas y estaba en proceso de pago, según había informado Porras.