Foto: Municipalidad de Alajuelita, gobierno local que analizó la CGR.
  • Algunas de estas ni siquiera cuentan con un Código de Ética

Redacción-  Un estudio realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala que la capacidad de gestión para prevenir riesgos de corrupción en algunas municipalidades es realmente escasa.

La CGR evaluó a 10 municipalidades para determinar su capacidad de gestión, así como la «promoción de la automejora, autoaprendizaje y la implementación de buenas prácticas».

Según el informe, las municipalidades evaluadas«…no están preparadas para gestionar de manera integral, acciones y buenas prácticas enfocadas a la prevención y lucha contra la corrupción. D

icha situación incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios.

Además podría ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales.

Todo esto en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos institucionales y del bienestar de los ciudadanos» , se indica en el informe.

La CGR analizó los casos particulares de 10 municipalidades: Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado.


LEA TAMBIÉN: María Inés Solís solicita a la UNGL aclarar proyecto «Mueve» relacionado con el tren


A estos gobiernos locales se les aplicó una herramienta de medición con cinco pilares y 63 preguntas por temáticas sobre «la cultura organizacional, la participación ciudadana y rendición de cuentas, el acceso a la información, los mecanismos de control interno y acciones de prevención en tiempos de emergencia».

La CGR concluyó que en aras de mejorar su gestión, estas municipalidades deben resolver estos problemas:

  1. La inexistencia de un Código de Ética o de Conducta.
  2. Ausencia de liderazgo y compromiso de funcionarios para coordinar acciones preventivas.
  3. La falta de mecanismos para promover la rendición de cuentas.
  4. La ausencia de herramientas que permitan la participación ciudadana en los procesos de planificación, control y evaluación de la institución. 

El periodo de análisis en estas municipalidades se realizó entre los meses de julio de 2019 y junio 2020.