Redacción. Los diputados aprobaron suspender, con 32 votos a favor y ocho en contra, el pago de anualidades a los empleados públicos en los próximos dos años.
La medida permitiría un ahorro de ¢67 mil millones, al incluir al gobierno central, instituciones autónomas y municipios.
La modificación a la Ley de Salario de la Administración Pública entró ayer a la Asamblea Legislativa y será analizado por los congresistas en los próximos días.
Quedan excluidas las personas servidoras públicas que laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y los cuerpos policiales del país.
La iniciativa plantea que para este 2020 el aumento de la anualidad que recibiría todas las
personas servidoras del sector público no sea reconocido, y que dicho recurso presupuestario sea trasladado íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para ser utilizado en subsidios a personas que quedaron desempleadas por los efectos colaterales del COVID-19.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, aseguró que el proyecto no incluye a los congresistas, porque se les pagan con dietas y que está seguro que si lo hiciera no se hubiese aprobado tan rápido.
